Un grupo de socialistas se desmarcan de la posición gubernamental sobre el aborto
La posición gobernamental sobre este asunto empieza a mostrar sus fracturas. La publicidad dada al manifiesto que sobre el aborto han hecho un grupo de socialistas cristianos tiene que hacer replantear la actitud radical y fanática del gobierno nacional actual sobre este tema. La sociedad española esta mas que dividida por planteamientos fuera de lugar.
Transcribo a continuación, literalmente, el manifiesto hecho público hoy . Si bien, la posición que se da a conocer no coincide con los postulados de las asociaciones organizadoras de la manifestación de ayer introduce algo de cordura y racionalidad en las filas socialistas.
Otros, en cambio, más preocupados por la cantidad que por la calidad se obstinan en demostrar si fueron más o menos los que acudieron ayer a Madrid o miran al pasado haciendo cuentas de los abortos producidos en otras épocas. Rancios argumentos que dejan lo fundamental aparcado. No interesa debate alguno para ellos.
El aborto: a la búsqueda de un terreno común
En nombre del grupo Cristianos Socialistas del PSOE, Pilar de la Vega, catedrática de Historia; Jordi López Camps, doctor en Biología y María José Pereda , doctora en Medicina y máster en Bioética, firman el manifiesto.
El núcleo de la reforma sobre el aborto propuesta por el Gobierno es políticamente razonable: una ley de plazos (catorce semanas) combinada con doble indicación. De esta forma se ofrece un marco legal más honesto con la realidad y acorde con la legislación europea mayoritaria, como bien fundamenta el dictamen del Consejo de Estado. Es más restrictiva con los abusos, ya que el supuesto del conflicto psíquico de la actual despenalización carece de limitación temporal y ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados. Además la reforma refuerza la seguridad jurídica de la mujer y del profesional.
Es preciso plantear la cuestión con serenidad. No se puede descalificar una regulación legal del aborto por considerarlo un asesinato. Es una visión moralizadora que se desentiende tanto de las consecuencias de la prohibición como de los deberes de la ley y el legislador ante una decisión compleja y conflictiva. Tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ético, social y jurídico sobre la interrupción del embarazo por considerar que se trata de un asunto privado que concierne sólo a la mujer.
Entre uno y otro extremo es preciso sostener la necesidad de garantizar una maternidad libremente querida y responsable, por un lado, y, por otro, la protección respecto del feto. La decisión de abortar entraña graves conflictos personales y públicos que no pueden negarse invocando sólo los derechos de la mujer o sólo la protección del bien jurídico del nasciturus (STC 53/1985). La ley debe ser capaz de armonizar y encauzar razonablemente una y otra perspectiva. Es posible buscar un terreno común.
En primer lugar, el Estado tiene deberes éticos y jurídicos para con el feto por encontrarse en estado de máxima precariedad, debilidad y necesidad. Es de humanidad su cuidado y tutela. Es propio de la tradición socialista y humanista proteger al más débil, por lo que debemos reconocer y defender el bien jurídico constitucionalmente protegido del nasciturus.
Podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida titular de derechos. Con todo, la formación de la vida humana es un proceso y consiguientemente hay un estatuto ético del feto que exige, conforme avanza el proceso de gestación, una protección por parte del Estado cada vez más exigente, lo que también se refleja en el régimen sancionador.
En segundo lugar, el Estado también tiene deberes éticos y jurídicos para con la mujer. Sobre la mujer recaen en primer término las dificultades sociales, económicas, psicológicas, éticas, y, en su caso, penales. La mujer no puede reducirse a receptáculo del feto. Es sujeto libre y responsable, cuya libertad y salud deben estar protegidas por la ley. La decisión de abortar ha de contemplarse como una cuestión de conciencia, y como tal debe ser tratada y respetada. En el marco que le otorga la ley, las catorce semanas, debe ser la mujer embarazada la que toma la decisión.
En cualquier caso, la vida en gestación es una realidad distinta de la mujer
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- Ministerio de Sanidad de España (www.msc.es).
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