Sanidad Pública Española: Recortar y no Recetar
Categoría Medicina y Salud Pública
Con una deuda sanitaria que ronda los 15.000 millones de euros en toda España, problemas para hacer frente al pago de proveedores y dudas crecientes sobre la sostenibilidad del sistema, los recortes alcanzan también a los veraneantes. Los ciudadanos españoles, residentes en Aragón, y desplazados en epoca estival, a las comunidades del Levante vienen sufriendo desde julio de 2010 la negativa a que les receten medicamentos para sus tratamientos crónicos o el acceso a especialistas. Pero no solo son los aragoneses desplazados sino tambien navarros o castellanos los que sufren la insolidaridad de las autoridades sanitarias de esas autonomías que vulneran con su actitud, refrendada en circulares dirigidas a los profesionales, un derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna.
Reconozco y no se me escapa que el tema es complejo -aunque hay soluciones y si no que se lo pregunten a los asesores del ministerio que para algo deben estar- pero no veo voluntad de querer resolverlo, sobre todo por parte de un ministerio que pregona en su denominación además del término sanidad el de igualdad. La existencia de intereses particulares (nacionalistas, económicos, profesionales) hacen imposible un acuerdo que resuelva una transferencia que nunca debíó ser.
Pues bien, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, "mirando hacia otro lado" no se da por enterado y explica en un artículo publicado en El País el pasado 30 de agosto que el mecanismo de la Alta Inspección se activa cuando se recibe alguna denuncia. "Además, el enfermo puede reclamar en los tribunales, y más aún si hay algún efecto negativo para su salud. La ley le ampara pero debe haber una denuncia concreta".
El Ministerio de Sanidad dice una cosa y hace otra. Por un lado "da la razón" a Aragón en este contencioso y por otro permite tales desmanes, jugando claramente con la salud de muchos españoles. La Ministra de Sanidad hace claramente "dejación de sus funciones" como máxima responsable de la Sanidad y la Salud Pública de los españoles. El Gobierno de la Nación no gobierna y gestiona a base de tolerar recortes y ahorro del gasto farmacéutico de "ciertas" comunidades en materia tan delicada (desde que entró en vigor la medida, el Gobierno de la región vecina calcula que ha emitido un 25% menos de recetas en la zona de Salou, en Tarragona.
A la Administración "Estatal" y autonómica no le faltan argumentos para "autodefenderse". Alegan que no pueden exigir al médico de la Sanidad autonómica que firme una receta a un paciente que no conoce y al que se le ha prescrito un tratamiento por otro colega, que el caso se resolverá cuando esté implantada la historia y la receta electrónica. Y me pregunto yo ¿Qué receta electrónica? ¿Qué historia clínica? ¿La estatal? ¿o la autonómica?
Ya pueden decir lo que quieran el Justicia de Aragón, el Sindic de Greuges o la mismisima Defensora del Pueblo aquí cada uno va a su aire y la casa sigue sin barrer porque no hay nadie que utilice una escoba. La "InSeguridad Social" que ha devenido tras las transferencias seguirá sin atenderles y tendrán que llevar sus maletas cargadas de medicamentos para pasar unos días en la playa. La fiscalia no atiende las demandas de las aociaciones del paciente porque -alega- no existe ninguna instrucción que niege la atención a los turistas
La division celtiberica en diecisiete servicios autonómicos de salud incomunicados, con diferentes documentos identificativos, leáse tarjeta sanitaria, y, todo lo que ello conlleva, hace de este país una "torre de babel" sanitaria dificil de entender y de hacerse entender.
Señores "usuarios de la Sanidad Pública" -manda hue... con la denominación- vayan al Juzgado y denuncien por denegación de asistencia. Tal como esta la Justicia de este país puede que a sus nietos les atiendan cuando vayan a la playa, eso si la sentencia es favorable.
